Corte de Apelaciones ordena transparentar gastos en la defensa de Chile por juicio en La Haya

HayaDe forma unánime, la sexta sala de la Corte de Apelaciones de Santiago ratificó esta mañana la decisión del Consejo para la Transparencia que, en junio de 2012, ordenó al Ministerio de Relaciones Exteriores a entregar los nombres y salarios de los abogados que participaron en la defensa de Chile ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya —entre 2010 y octubre de 2011—, a causa de la demanda por límites marítimos que presentó Perú en contra de nuestro país en 2008.

Los magistrados del tribunal de alzada rechazaron el reclamo de ilegalidad que presentó la Dirección Nacional de Fronteras y Límites, para negar esta información a Romina Colmann Carnevali, ciudadana argentina, quien solicitó los datos de los abogados —entre ellos los agentes Alberto Van Klaveren, María Teresa Infante y Juan Martabit— al Consejo para la Transparencia en noviembre de 2011.

La resolución de la Corte de Apelaciones determinó que la entrega de los nombres de los juristas y sus honorarios en el marco del proceso sobre límites marítimos no vulnera el “interés nacional” en el manejo de las relaciones internacionales del país y, por lo tanto, la información no está sujeta a causal de reserva.

“La revelación de los nombres de los abogados de la defensa de Chile no puede significar entorpecer la estrategia de defensa, como pretende la reclamante” dice el fallo sobre la Dirección de Fronteras, “desde que no se ha pedido conocer documentos, antecedentes, informes, memorias y contramemorias diseñados por los profesionales, siendo ello lo verdaderamente relevante para la defensa jurídica y por supuesto de interés para la nación”. Agrega que “sin embargo, no reviste el mismo carácter conocer sus nombres, los que por lo demás son plenamente conocidos por el tribunal (Corte Internacional de Justicia) que substancia el juicio, como por la contraparte en el pleito (Perú) y además para cualquier persona que pueda acceder libremente a la información pública de la Corte Internacional como a la del Ministerio de Relaciones Exteriores”, indica la sentencia.

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