Se decreta la reforma constitucional en materia de transparencia y derecho de acceso a la información en México

reforma_mexico2El viernes 7 de febrero, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) una reforma constitucional que modifica y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de transparencia.[1] Esta reforma constitucional dota de autonomía constitucional al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) otorgándole facultades para garantizar el derecho de acceso a la información en los tres poderes federales y en los tres órdenes de gobierno.

La reforma amplía la competencia del Instituto para conocer asuntos relacionados con el acceso a la información pública y la protección de datos personales ante cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo que forme parte del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como ante cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal. Además, establece la facultad de revisar las decisiones que emitan los institutos o comisiones de los estados y del Distrito Federal.

Las resoluciones emitidas por el IFAI serán “vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados.” Aunque, la Consejería Jurídica del Gobierno de la República tendrá la posibilidad de interponer recursos de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por motivos de seguridad nacional, al igual que el resto de los órganos autónomos (Banco de México, Comisión Nacional de Derechos Humanos, Auditoría Superior de la Federación, universidades autónomas, Comisión Federal de Competencia e Instituto Federal Electoral), cuando comprueben vulneración a sus ámbitos de competencia.

El Senado tendrá la facultad de elegir a los integrantes del órgano de transparencia, que será ampliado de cinco a siete, quienes tendrán un encargo de siete años, y únicamente el Presidente de la República podrá objetar las designaciones. Su nombramiento deberá darse a más tardar 90 días después de la entrada en vigor de la reforma.

La reforma constitucional fue aprobada tras catorce meses de discusiones[2]. El proceso comenzó cuando Enrique Peña Nieto, en su calidad de Presidente electo de México, presentó como su primera iniciativa de Ley un proyecto de reforma con el fin de fortalecer la transparencia gubernamental y la rendición de cuentas. El debate en torno a la reforma se nutrió de la participación de expertos, académicos y un importante grupo de organizaciones de la sociedad civil del país. Además de lo expuesto, la reforma constitucional reforzará el sistema de transparencia al considerar la creación de dos nuevas leyes generales con un ámbito de aplicación nacional: la Ley General de Transparencia y la Ley General de Archivos. Asimismo, se deberá reformar la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la Ley Federal de Datos Personales en Posesión de los Particulares, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.


[1] El Decreto de reforma, publicado el 07 de febrero de 2014, puede ser consultado en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5332003&fecha=07/02/2014.

[2] El pasado 20 de noviembre de 2013 la Cámara de Senadores aprobó con 83 votos a favor y 6 en contra el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Gobernación, y de Estudios Legislativos que adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de transparencia. Posteriormente, el 26 de noviembre del mismo año, la Cámara de Diputados aprobó con 424 votos a favor, 16 en contra y 4 abstenciones la Minuta que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia, para los efectos de la fracción e) del Artículo 72 constitucional

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