Perú avanza en la creación de Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública.-

La Comisión de Constitución del Congreso de Perú aprobó otorgar facultades al Poder Ejecutivo, por un plazo de 90 días, para que legisle en materia de reactivación económica y formalización, seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, agua y saneamiento, y reorganización de Petroperú.

La decisión se adoptó con 13 votos a favor, los pronunciamientos en contra de los legisladores del Frente Amplio, Mario Canzio, Horacio Pacori y Alberto Quintanilla, y la abstención del acciopopulista Yohny Lescano. La delegación de facultades comprende todos los puntos incluidos en la solicitud original hecha por el gobierno central, excepto en el tema de la creación de servicios facultativos en saneamiento.

El presidente de la Comisión de Constitución, Miguel Ángel Torres (FP), indicó que el texto se debatirá en el pleno del Congreso. Allí también se discutirá el dictamen en minoría planteado por los legisladores del Frente Amplio.

Dictamen
El texto final del dictamen deja abierta la posibilidad de que entre las resoluciones legislativas que el Ejecutivo emita al amparo de las atribuciones que se le ha concedido el Congreso, se incluya la determinación del Impuesto General a las Ventas. En tal sentido, se podrá normar para reducir en un punto porcentual dicho tributo, a partir del 1 de enero próximo.

Dentro del tema económico, el Ejecutivo también podrá legislar para corregir “defectos” en el Código Tributario, que vienen generando problemas de inequidad para los contribuyentes. Torres señaló que en el ámbito económico se ha determinado que las normas a emitirse deben favorecer al sector de lasmicro, pequeñas y medianas empresas. 

Además, se precisó que se podrá legislar sobre el sinceramiento de la deuda tributaria, pero solo en lo que corresponde a las micro, pequeñas y medianas empresas. Del mismo modo,  se incluyó dar facultades para que se fortalezca el marco legal vinculado a la lucha contra la minería ilegal.

Se podrá, también, reorganizar el Sistema de Inversión Pública y Proinversión, bajo la óptica de favorecer la descentralización del país. De igual manera, se autorizó a legislar respecto a la reorganización del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado y para modificar el sistema de contrataciones del sector público.

UIF. En el dictamen aprobado, se precisó que a través de las facultades legislativas otorgadas no se podrá disponer el nombramiento de jueces ad hoc para que autoricen el levantamiento de la reserva bancaria cuando la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) lo requiera.

“Dichos casos deberán de ser abordados por jueces ordinarios, precisó Torres. En tal sentido, se indicó que la legislación que se dé respecto a la UIF no debe de implicar la modificación de materias vinculadas a la Ley Orgánica del Poder Judicial.

“Esta entidad será fortalecida y el levantamiento de la reserva bancaria se hará a través de un juez competente y no de uno ad hoc”, recalcó el parlamentario.

Asimismo, Torres dijo que se ha precisado que la información materia de investigación “debe ser compartida hacia la UIF y no desde ella hacia otros organismos”. Así, esta data podrá ser analizada por un grupo especializado, agregó.

El congresista precisó también que el Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Elecciones (ONPE)  podrán alcanzar información a la UIF para que sea investigada.

Por otra parte, las facultades sobre seguridad ciudadana implican dar normas sobre tipificación de nuevos delitos y fortalecer la lucha contra el crimen organizado, el terrorismo, el narcotráfico, el lavado de activos, la delincuencia común, así como restructurar el Sistema Nacional Penitenciario.

Lucha contra la corrupción

El Ejecutivo también obtuvo facultades para crear la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública y para dar medidas contra la corrupción en el Estado. También se incluyó en este rubro la posibilidad de normar para reestructurar el Sistema de Defensa Jurídica del Estado.

En cuanto al acceso al agua potable y saneamiento, se darán medidas que fortalecerán al organismo regulador de este sector y a las entidades que brindan dichos servicios. Esto implica garantizar “la continuidad de las empresas públicas que prestan estos servicios”, dice el texto aprobado.

Finalmente, se autorizó a dar normas para garantizar la confiabilidad en el abastecimiento de hidrocarburos.

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