Bolivia implementa la Ley Nro. 974, que profundiza y descentraliza la lucha contra la corrupción.-

El Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia profundiza y descentraliza la lucha contra la corrupción con la implementación de la Ley Nro. 974 de Unidades de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, promulgada el 4 de septiembre del pasado año. Con la nueva norma, se duplicarán las Unidades de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción en todas las entidades y empresas del Estado; y, además, estas oficinas asumieron nuevas potestades, como es la gestión de denuncias que antes estaba centralizada en el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional.

Desde la promulgación a la fecha, el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, a través del Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, ejecuta una serie de acciones para implementar la normativa de Unidades de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Una de las principales fue la realización del Encuentro Plurinacional de Unidades de Transparencia en la ciudad de Cochabamba (en el centro del país), entre el 7 y 8 de diciembre de la gestión pasada, con la participación de 300 jefes y responsables de Unidades de Transparencia de todo el país.

Este evento tuvo la finalidad de socializar la Ley Nro. 974 y establecer el nuevo rol de las Unidades de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Y contó con la participación del Ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Héctor Arce; el Procurador General del Estado, Dr. Pablo Menacho; y el Viceministro de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, Dr. Diego Jiménez, entre otras autoridades.

Antes del Encuentro, el Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción envió notas a todas las entidades y empresas del Estado que cuentan o deben contar con Unidades de Transparencia y Lucha contra la Corrupción para que cumplan con las disposiciones legales en los plazos establecidos. Posteriormente, elaboró el Reglamento Tipo de Unidades de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, que en este año fue remitido a todas las entidades del Estado, con la finalidad de que se adecuen a las nuevas determinaciones.

En otras acciones importantes, se realizaron 8 talleres nacionales de socialización de la Ley Nro. 974 en todas las regiones del país y, actualmente, se prepara el Sistema de Información de Transparencia, Prevención y Lucha contra la Corrupción (SITPRECO), que contará con plataformas virtuales de acceso público e información digitalizada en el marco del Gobierno Abierto.

La Ley Nro. 974 determina que todas las entidades y empresas de todos los niveles del Estado deben contar con Unidades de Transparencia y Lucha contra Corrupción, por ejemplo las alcaldías, las gobernaciones y las autonomías indígenas originaria campesinas. Además, el Órgano Legislativo, Órgano Judicial, Órgano Electoral, la Procuraduría General del Estado, el Defensor del Pueblo, el Banco Central de Bolivia, entre otras instituciones estatales. Esta disposición permitirá que la cantidad de Unidades de Transparencia y Lucha contra la Corrupción se duplique en Bolivia.

Una función importante, que asumen las Unidades de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, como efecto de la aplicación de la nueva norma, es la gestión de denuncias, que antes estaba centralizada en el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional. Estas oficinas ahora cuentan con 16 funciones, entre las que figuran la gestión de denuncias por posibles actos o hechos de corrupción a denuncia o de oficio. También tienen la potestad de solicitar la paralización de algún proceso de contratación en curso, cuando luego de una investigación detecte indicios de posibles actos o hechos de corrupción.

El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional tiene ahora la función de coordinar y supervisar la gestión de denuncias que realizarán las Unidades de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, y gestionará denuncias cuando el posible daño económico sea igual o mayor a Bs 7.000,000, aproximadamente $us 1. 000.000, o cuando estén involucrados autoridades jerárquicas del Estado.

 

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