El Grupo de Trabajo de Jurisprudencia de la RTA emitió el Séptimo Criterio denominado “Personas de derecho privado como sujetos obligados en materia de transparencia y acceso a la información. Elementos para su consideración y forma de cumplimiento de sus obligaciones”

En el marco de las actividades del Grupo de Jurisprudencia de la RTA, se emitió el séptimo criterio administrativo:

Personas de derecho privado como sujetos obligados en materia de transparencia y acceso a la información. Elementos para su consideración y forma de cumplimiento de sus obligaciones. Para determinar si una persona del ámbito privado –física o jurídica- puede o no ser considerada sujeto obligado en la materia, las autoridades garantes del acceso a la información y transparencia deben tomar en cuenta cualquiera de los siguientes supuestos, en la medida en que su legislación lo permita: 1) que reciban y ejerzan recursos públicos, en dinero o en especie, o 2) que realicen actos de autoridad[1] o presten un servicio público en nombre del Estado (concesionado o subrogado del Estado).

Las personas físicas o jurídicas consideradas sujetos obligados, podrán cumplir con sus obligaciones de transparencia y acceso a la información de manera directa o indirecta. En aquellos casos en que se determine el cumplimiento de manera directa, la persona física o jurídica deberá sujetarse a las disposiciones específicas que establezca la normatividad para el resto de los sujetos obligados que cumplen de esta forma. Cuando se determine el cumplimiento de manera indirecta, se hará a través del sujeto obligado que otorga los recursos públicos o encomienda los actos de autoridad o servicio público.

Las autoridades garantes del acceso a la información y transparencia deberán emitir los criterios específicos que les permitan determinar el cumplimiento directo o indirecto de las personas físicas y morales.

Al momento de determinar la información que deberán proporcionar las personas naturales o jurídicas, como sujetos obligados en términos de la normativa en la materia, es importante tomar en consideración las excepciones sobre la protección de datos personales y reserva de información, que cada legislación establezca. Para el caso de reserva de información, el sujeto obligado deberá sustentar la correspondiente prueba de daño.

El Grupo tiene como propósito generar un posicionamiento regional en materia de acceso a la información y propiciar la cooperación internacional mediante el intercambio de puntos de vista jurídicos en la materia.

Los criterios administrativos son un referente para la conducción de temas particulares en materia de acceso a la información. Éstos, sirven a los integrantes de la RTA como una herramienta de orientación para resolver controversias específicas en cada una de sus instituciones.

El Grupo de Jurisprudencia ha emitido, con la participación de todos sus miembros, seis criterios adicionales en materia de acceso a la información:

  • Prueba de daño. Elementos indispensables para su aplicación al momento de reservar información.
  • Mal uso de derecho. Elementos necesarios para acreditar su existencia en materia de acceso a la información.
  • Inexistencia de la información. Requisitos para acreditarla.
  • Información comercial de terceros con carácter confidencial. Cuando procede su otorgamiento.
  • Acceso a la información en materia de inteligencia y contrainteligencia. Los órganos garantes determinarán su apertura cuando se trate de violaciones graves a los derechos humanos.
  • Criterio diferencial en el derecho al acceso a la información pública.

 

Para mayor información: http://jurisprudencia.redrta.org/SitePages/Inicio.aspx

[1] Como referencia, los órganos supervisores podrían entender por acto de autoridad, el hecho voluntario e intencional, imputable a un órgano del Estado o a un particular en nombre de aquél, consistente en un hecho positivo (decisión, ejecución o ambas) o negativo (abstención u omisión), que produzca una afectación en situaciones jurídicas o de hecho determinadas, que se impongan imperativa, unilateral o coercitivamente. Como recursos públicos, se podría entender a todo tipo de patrimonio, coinversión, participación financiera, asignación, aportación, subsidio, aprovechamiento, mejora, contribución, bien, fideicomiso, mandato, fondo, financiamiento, patrocinio, copatrocinio, subvención, pago, prestación, multa, recargo, cuota, depósito, fianza, así como cualquier otra modalidad o figura análoga bajo la que se considere algún ingreso o egreso del Estado.

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