El pOEAasado 6 de marzo, durante su 96º periodo ordinario de sesiones, el Comité Jurídico Interamericano (CJI) aprobó la Propuesta de Ley Modelo Interamericana 2.0 sobre Acceso a la Información Pública.

El órgano máximo de la Organización, consciente del enorme impacto que tuvo la Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información Pública de 2010, consideró necesario seguir avanzando en el establecimiento de estándares que permitan brindar mayores garantías a los ciudadanos del continente, a la luz de los nuevos desafíos que se plantean.

En este contexto, mediante la resolución AG/RES. 2927 (XLVIII-O/18) “Fortalecimiento de la Democracia”, la Asamblea General solicitó al Departamento de Derecho Internacional (DDI) que, en consulta con los puntos focales del Programa Interamericano sobre Acceso a la Información Pública, y tomando en cuenta las contribuciones de la sociedad civil, identificara las áreas temáticas en las que se estimara necesaria la actualización o ampliación de la Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información Pública de 2010, y que remitiera los resultados al CJI.

En consecuencia, el DDI emprendió un intenso proceso de consultas con órganos garantes, legisladores, sociedad civil, académicos y otros actores sociales que incluyó encuestas, talleres, reuniones y discusiones virtuales, apoyado por la Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA) y el programa EuroSOCIAL+. Al final de este proceso, el DDI entregó al CJI un documento consolidado con los textos consensuados durante el proceso de consultas, para ser considerado durante su 95º período ordinario de sesiones, llevado a cabo en julio-agosto de 2019. Posteriormente, el DDI preparó una propuesta que recoge los comentarios y sugerencias realizadas por los miembros del CJI, misma que finalmente contó con su aprobación en el 96º periodo de sesiones de marzo de 2020.

De esta forma, la OEA continúa destacando la importancia del acceso a la información pública como una herramienta que incrementa los niveles de transparencia en la gestión pública; permite una efectiva lucha contra la corrupción; promueve la competencia abierta, las inversiones y el crecimiento económico; empodera a diversos sectores de la población, incluidos aquellos que están en situación de vulnerabilidad; y es un componente fundamental del ejercicio de la democracia.

La noticia completa se encuentra disponible en:

http://www.oas.org/es/sla/ddi/acceso_informacion.asp

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