Las irregularidades en el proceso de pruebas de la vacuna Sinopharm no deben colocar en riesgo la vida y salud de la población. El proceso de vacunación debe retomarse e impulsarse bajo reglas y procedimientos que aseguren la máxima transparencia y control, tanto en la compra de vacunas como en su distribución y aplicación.
La Defensoría del Pueblo, en cumplimiento de su mandato constitucional, continuará supervisando el proceso de vacunación y todas las acciones estatales relacionadas con el combate del COVID-19. Es el compromiso institucional a fin de contribuir a garantizar el derecho a la salud y vida de las personas
La noticia completa se encuentra disponible en:
